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Marino Alvarado: El Estado está obligado a garantizar los DDHH y reducir la impunidad

Luis Alfredo Farache, Luis Alfredo Farache Benacerraf
Argentina registró una inflación de de 2,7% en junio de 2019

El coordinador de investigaciones de Provea Marino Alvarado , se refirió a la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y señaló que “la ONG rechaza  las sanciones económicas porque podría profundizar la crisis del país”.

Indicó que existen dificultades para llevar registro de casos en materia de DDHH, “el Gobierno no pública las cifras que permiten llevar control de los datos en materia de Derechos Humanos”, por tal motivó exhortó a las instituciones públicas a revelar los indicadores con el propósito de poder contextualizar la situación del país.

No obstante, reconoció que existen cifras de la  Fiscalía  con relación a la imputación de funcionarios públicos por excesos, abusos o violaciones normativas son elevados, s in embargo, considera que los datos en materia de derechos humanos, relacionados a torturas, agresiones, violencia política entre otros, son escasos y alegó que  “todos los que han pasado por el Ministerio Público han garantizado la impunidad”. “Cuerpos policiales deben procurar uso proporcional de la fuerza”

Con relación a la actuación de los cuerpos policiales Alvarado explicó que “la actuación de los cuerpos policiales deben  procurar el uso proporcional de la fuerza y garantizar la vida de los ciudadanos”, pero según sus palabras, ” en Venezuela parece que los cuerpos policiales procuran la muerte”.

Agregó que los operativos policiales deben ser monitoreados por organismos como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para evaluar que sus actuaciones se encuentren ajustadas a derecho.

Denunció que “los operativos policiales han destruido viviendas de los pobres, algo nunca visto en nuestra historia”, y añadió que Provea cuenta con la documentación necesaria para sustentar esas denuncias.

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Explicó que en el año 2006 se realizó una reforma a las instituciones policiales, a pesar de esto, considera que ” los resultados llevan a la existencia de la complicidad de algunos organismos del Estado en la realización de ciertos delitos”. 

Reveló que la Provea realizó una investigación en donde se registran 205 ejecuciones realizadas por los comandos de Fuerzas Especiales (FAES)  en 2018 y argumentó que “al menos 105 ejecuciones fueron en el estado Lara bajo el amparo de las autoridades regionales”.  Rechazo a los crímenes de odio Resaltó que “todos los crímenes de odio o violencia política tienen que ser investigados”, en ese sentido apuntó, “las autoridades están investigando y deben ser castigados con contundencia”.

Declaró que la organización, “no tiene estadísticas de crímenes de odio porque no se ha publicado ningún listado, ya que se le quiere dar un perfil político al tema”. 

Llamó a las autoridades e instituciones del Estado a investigar y garantizar los derechos de los ciudadanos. 

“El Estado tiene la obligación de investigar, penalizar y garantizar los derechos de los ciudadanos, además esta obligado a reducir la impunidad”, dijo  coordinador de investigaciones de Provea

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